PROPUESTAS PARA LA LEY DE TRANSPARENCIA

PROPUESTAS PARA LA LEY DE TRANSPARENCIA

Notapor Mónica » Lun, 02 Abr 2012, 16:03

He recibido este mail que me parece muy interesante:

Hace dos días el Gobierno aprobó el anteproyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Me parece un avance alentador, pero insuficiente. Creo que adolece de algunos defectos: no

recoge ciertos actos contrarios a la austeridad y recto servicio público
(relativos al enchufismo o gastos suntuarios, por ejemplo) y no configura
un órgano sancionador independiente.

Lo importante es que de forma novedosa abre un periodo de
información pública por quince días para que los ciudadanos puedan hacer
llegar por vía electrónica sus propuestas. La premura del tiempo no permite
una mayor exhaustividad y rigor técnico en las mismas, pero he elaborado
algunas para remitirlas. Nada se pierde con enviarlas, lo que se consiga
con ello, bien estará. Si sirve para evitar una sola corruptela ya estará
bien empleado este tiempo. Nada se logra sin esfuerzo y sin perseverancia.
En la tramitación de la ley navarra de transparencia se han estimado 33 de
las 54 sugerencias formuladas por los ciudadanos. Lo que puede hacer un
español lo puede hacer otro.

Las propuestas las he incorporado en un archivo adjunto a
esta carta. Si estás conforme con ellas te ruego que las envíes a conocidos
tuyos y que cada uno las remita a la dirección
http://www.leydetransparencia.gob.es , en la que podrás consultar el texto del
perjudican a todos.
puede adjuntar como archivo el que os envío y, también, añadir las
vuestras. Tenemos de plazo para enviarlas (si las cuentas no me fallan)
antes del día 10 de abril. Cuanto más clara, mayoritaria y serena sea la
voz más probabilidades tendremos de corregir ciertos abusos que nos
anteproyecto de ley. Hay una pestaña que pone “Consulta pública” y ahí se


PROPUESTAS

- Que las disposiciones de esta ley sean de aplicación a la Casa Real, a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales (porque nada justifica que ningún órgano del Estado o entidades que perciban subsidios públicos quede excluido de las obligaciones de información pública y buen gobierno; lo que implicaría reformar la Ley de Financiación de Partidos Políticos, de la Libertad Sindical y la de Organizaciones Empresariales).
- Que el único regalo que se permita a un cargo público sean dos libros, con obligación de donarlos a una biblioteca pública, prohibiéndose cualquier otro (entradas gratuitas a espectáculos deportivos, alojamientos, etc), tal como ocurre en Estados Unidos.
- Que se eliminen las pensiones indemnizatorias por pérdida de la condición de cargo político y solo se permita con cargo al erario público la cotización a la Seguridad Social.
- Que se supriman, salvo para ministros y secretarios de Estado, los coches oficiales, abonándose a los cargos políticos la indemnización por uso de coche propio prevista en los convenios colectivos para los viajantes u otras profesiones que empleen el vehículo personal con asiduidad.
- Que los viajes por razón de su cargo se realicen en clase turista, salvo en los vuelos transatlánticos.
- Que se restrinjan a doce euros las dietas por comida realizada.
- Que los cargos electos y gubernativos publiquen en el Portal de la Transparencia su declaración de bienes e intereses.
- Que se suprima la libre designación de funcionarios.
- Que, para evitar el enchufismo (más probable cuanto más pequeña es la Administración), se cree una Comisión Nacional del Funcionariado integrada por funcionarios de carrera de todas las Administraciones elegidos por sorteo que se encargue de la realización de las pruebas de selección de funcionarios (ya sea por libre oposición o por concurso de méritos, siempre tasados).
- Que se publiquen en el Portal de la Transparencia los méritos del personal laboral, funcionarial o político designado por cualquier sistema que no sea libre oposición.
- Que se elimine la figura del personal asesor.
- Que se prohíba el encargo a empresas externas de informes para la Administración.
- Que todos los altos cargos (Director General de la Administración, Subdelegado del Gobierno, gerente de una empresa pública, etc.) se sometan a un examen de idoneidad ante el Senado, donde se les interrogue por sus méritos y criterios de actuación (como el hearing norteamericano), y donde rindan cuentas cuando cesen en el cargo. O incluso, sean nombrados por mayoría de 3/5 del Senado por un periodo prolongado superior al de una legislatura (¿por qué tiene que cambiar el Director General de Carreteras o el Director del Organismo Nacional de Transplantes cada vez que cambia el Gobierno? ¿por qué tienen que ser cargos políticos?)
- Que todos los cargos públicos elegidos se sometan a cursos de concienciación y detección de la corrupción (al igual que los hay de formación contra la violencia de género o tantas otras desviaciones).
- Que el responsable por el incumplimiento de la normativa de transparencia y buen gobierno sea el ministro, consejero o concejal del ramo, salvo que expresamente delegue en un funcionario, quien tendrá, por tanto, facultades y obligaciones plenas para ejecutar las disposiciones de esta ley. (cuando hay tantas personas implicadas, ¿quién es el responsable?, mejor fijar que sea el jefe supremo, salvo que delegue expresamente en alguien más próximo a la información)
- Que las infracciones graves y muy graves sean sancionadas con, al menos, destitución del cargo público, inhabilitación para el desempeño de cargo público por un periodo de 5 a 10 años y multa equivalente a la retribución que haya percibido en los últimos tres a doce meses.
- Que el órgano competente para la inspección, incoación y resolución de todo tipo de expediente sancionador sea un Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno integrado por funcionarios de carrera y representantes de organizaciones cívicas, que ocuparán el cargo de forma vitalicia, y serán elegidos, cuando se produzca una vacante por jubilación, por el Senado por mayoría de 2/3 (como en Chile) previo examen de idoneidad sobre sus méritos y criterios de actuación (es decir, si los nombra el Gobierno o el partido mayoritario en el Parlamento será dudoso que tengan interés en sancionar al gobierno que los ha nombrado; si los nombran los partidos según cuotas parlamentarias, siempre predominará el del gobierno; si ocupan el cargo por un periodo breve de cinco o seis años podrán tener el síndrome del día 30 –“se me acaba el cargo ¿qué será de mí?, ¿para qué crearme enemigos entre estos partido que me pueden otorgar otro empleo?”-, por eso mejor que sean vitalicios y que se nombren de uno en uno a medida que se jubilen, para evitar repartos entre los partidos (“tú me apoyas para nombrar a éste y yo te apoyo para que nombres al tuyo”). Este órgano debería tener las mismas facultades inspectoras y sancionadoras respecto a los que obstruyan su labor que la Inspección de Hacienda o de Trabajo. De lo contrario tendremos una ley que se podrá convertir fácilmente en papel mojado.
- Que las sesiones parlamentarias en septiembre se inicien con la lectura del informe anual del Consejo de la Transparencia, de modo que el curso parlamentario se inicie informando si el Gobierno se toma en serio la lucha contra la corrupción y el despilfarro.

Como la Ley de Transparencia y Buen Gobierno en trámite puede reformar otras podrían incorporarse las siguientes REFORMAS (algunas de ellas revestirían la condición de ley orgánica o, incluso, necesitarían de una reforma constitucional –como la del sistema electoral o la de designación de ciertos órganos del Estado-):
- Que la responsabilidad penal de las personas jurídicas sea extensible a los partidos políticos y sindicatos (organizaciones que curiosamente fueron excluidas en la última reforma del Código Penal, véase art. 31 bis 5 pf. 1º de dicho texto legal)
- Que los delitos relacionados con la corrupción (urbanismo, ordenación del territorio, medio ambiente y Administración pública) prescriban a los diez años.
- Que los indultos no puedan ser otorgados por el Gobierno sin la aprobación de los 4/5 del Senado (para que ningún Gobierno pueda usarlos para premiar favores vaciando las sentencias de los jueces)
- Que el Fiscal General del Estado sea designado por el Gobierno con la aprobación de los 2/3 del Senado (como ocurre con los vocales del consejo de Televisión Española), a fin de lograr una Fiscalía a la italiana, independiente de los gobiernos de turno.
- Que los integrantes de todos los organismos reguladores del mercado o de significación constitucional (Comisión Nacional de la Energía, Consejo de Seguridad Nuclear, Tribunal de Cuentas, Consejo General del Poder Judicial, etc) sean nombrados por periodos prolongados o vitalicios (para evitar el síndrome del día 30), previo concurso público de personas avaladas por profesionales del sector sin interferencias gremiales (para evitar apadrinamientos de los partidos o de ciertas asociaciones), de uno en uno (si se eligen simultáneamente cuatro vocales de un organismo se facilita el reparto por cuotas entre los partidos) y por mayoría de 2/3 de las cámaras legislativas o que cada diputado puedan tachar a los candidatos más escorados al polo ideológico que le desagrade (es decir, que sean personas templadas y con las menores ligazones posibles con los partidos).
- Que se limiten a ocho años el mandato del Presidente del Gobierno, de las Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales y Alcaldías.
- Que se prohíba la acumulación de cargos (una persona, un cargo y un sueldo, con las cuatro excepciones que fija la Constitución)
- Que se prohíban las donaciones anónimas y los créditos bancarios a los partidos (que luego algunos perdonan); que funcionen, pues, de las cuotas de sus militantes y de las subvenciones públicas, pero que no dependan ni deban favores a bancos o cajas de ahorro; que pierdan la subvención aquellos que excedan ciertos límites en campañas electorales
- Que sea obligatorio celebrar elecciones primarias en todos los partidos políticos para la elección de todas sus candidaturas
- Que sea obligatoria la celebración de debates electorales en las televisiones públicas (y por el candidato que no acuda que se deja su silla vacía)
- Que diputados y concejales sean elegidos en distritos pequeños (un distrito, un diputado) de forma que el elector sepa quien es su representante, a quién dirigirse, a quién premiar o a quién castigar en las urnas (ahora los políticos le deben el cargo a la cúpula del partido que confecciona las listas y quien se mueva no sale en la foto); secundar, por tanto, el modelo alemán (que en realidad es mixto, pues una parte son elegidos como indico y otros mediante un sistema proporcional)
- Que se establezca una segunda vuelta electoral en las municipales, autonómicas o generales para el caso de no obtención de mayoría absoluta para impedir pactos insólitos o inesperados.
- Que se apruebe un baremo nacional de sueldos y otros emolumentos para los cargos municipales, para impedir retribuciones desorbitadas autofijadas por sus perceptores.
- Que se estudie la supresión de Ayuntamientos con reducida población y Diputaciones provinciales.
- Que los anteproyectos de ley se anuncien en el BOE con una ventanilla informática para que los ciudadanos puedan hacer propuestas.
- Que, en suma, se continúe por la esperanzadora vía que abre este anteproyecto de ley de transparencia y se actúe, y no solo se hable, para aplicar sus preceptos.

Mónica
 
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